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Carta del Rector al Director de La Tercera: Regulación del lobby
Carta del Rector de la U. de Chile, Víctor Pérez Vera, publicada el 29 de junio de 2012 en La Tercera.
Señor director:
El ministro Secretario General de la Presidencia defendió, en carta a La Tercera, que sólo se publique un registro de agenda pública con las reuniones de las autoridades, rebatiendo la propuesta de Eduardo Engel de que existan exigencias de transparencia para lobistas, en línea con las principales recomendaciones de transparencia de la Ocde.
¿Esa agenda pública que propone el ministro incluirá llamadas telefónicas, mensajes de texto, conversaciones informales o reuniones en casas particulares entre autoridades y lobistas?
Sorprende que se defienda el ocultamiento de información por parte de quienes ejercen presiones sobre el Estado para forzar la voluntad democrática a favor de intereses particulares, más aún en momentos en que se están tramitando o dejando de tramitar proyectos de ley de gran interés social, cívico y económico.
Para controlar el lobby y su tráfico de información, influencias y recursos, es necesario que todas las autoridades públicas informen sobre los llamados telefónicos, correos electrónicos y reuniones formales o sociales que reciben de parte de agencias de lobby, decisión que debería ser aplicada voluntariamente desde hoy y confirmada a través de una ley con discusión inmediata. Esta ley también debería forzar a las agencias de lobby a informar públicamente sobre su lista de clientes y los temas que están planteando a cada autoridad.
No hay ninguna justificación para mantener esta situación de impunidad al lobby que sólo trae beneficios espurios a unos pocos.
Víctor Pérez Vera
Rector Universidad de Chile
1 comentario:
DISTINGUIDO EDITOR: ÉSTE ES EL ARTÍCULO DE DON LUIS EN COOPERATIVA.CL QUE LLEVA EL TÍTULO QUE USTED INDICA, EL "QUE SE EMPAREJE LA CANCHA ES ANTERIOR.
ATTE. PROFESOR UTEM
Uno de los efectos positivos generados por el movimiento estudiantil del 2011 fue la inédita decisión de la Cámara de Diputados, de crear una Comisión Investigadora sobre el financiamiento de la Educación Superior.
Y es que si bien es cierto la Ley prohíbe a las universidades públicas o privadas lucrar, era un secreto a voces que sobre todo dentro de estas últimas, existían algunas que habían establecido diversos mecanismos para eludir esta norma. Pero hasta ahora nadie había tenido el coraje de “ponerle el cascabel al gato”. De allí la importancia del trabajo y de las conclusiones de esta Comisión Parlamentaria.
Lo que en buena cuenta viene a establecer el informe final de esta instancia investigadora, es que en Chile algunas instituciones de educación superior han lucrado a través de diferentes modalidades y que ha existido un déficit regulatorio por parte del Estado para evitarlo.
Ahora bien, lejos de generar aplausos unánimes, hemos visto a través de la prensa de los últimos días, diversas y a veces destempladas críticas a la Comisión y a su Informe.Pareciera configurarse casi una campaña para desacreditarla e invalidar así sus planteamientos. Pero el sol no se tapa con un dedo.
El lucro y sus perversos efectos parecen tener su origen en la consagración del principio de subsidiariedad y de la lógica de mercado como base de la educación superior chilena. A partir de ello, los valores universales y permanentes que deberían guiar éticamente la acción de las instituciones de educación superior, parecen haber sido reemplazados por el capital pecado de la codicia.
Ideas como la financiación de la educación como servicio público y el papel central que en ello tiene el Estado, recogidas en la “Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI” de la UNESCO, en muchos casos son letra muerta o a lo más mero ornamento.
Chile necesita un cambio en esta materia. El movimiento estudiantil del 2011 y el informe parlamentario del 2012 podrían ser la piedra fundacional para generarlo.
La formación de profesionales y de capital humano avanzado debe estar guiada por el amor al conocimiento tal como y por la estimación de éste como un bien público, frente al que el Estado tiene un papel irrenunciable.
La codicia individual o de grupos empresariales no puede ser el motor de ello.
El crecimiento de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica debe responder a un proyecto país y no al crecimiento inorgánico de “ofertas” educacionales que no responden a modelo de desarrollo alguno, sino únicamente a las posibilidades de “venta” de la mercancía aprendizaje.
El lucro, la codicia, hacen que algunos directivos universitarios, la minoría por cierto, no vean más allá de la profundidad de sus bolsillos. La educación chilena en sus distintos niveles, y especialmente la superior, requieren de una toma de decisiones de carácter público, con perspectiva global e integradora y con un horizonte temporal de largo plazo.
Las universidades estatales estamos por ello. Porque los desafíos país, especialmente el de superar la desigualdad y el de lograr potenciar los talentos de nuestros niños y jóvenes son demasiado importantes como para permitir que la mano invisible, muchas veces manca, reemplace al Estado y a la búsqueda del bien común en esta materia.
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