DE EL MERCURIO.COM
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CORROBORA FALLOS DEL CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA Y CORTE DE APELACIONES
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DICTAMEN RESPONDE PETICIÓN REALIZADA POR ESTUDIANTE EL 2009
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El rector Pérez declinó comentar la resolución, pero calificó de "inaceptable" que esta norma sólo se exija a las universidades estatales.
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La U. de Chile alegó ante la Corte de Apelaciones que la resolución era ilegal, por considerar que la universidad no está bajo la jurisdicción del Consejo. Como la Quinta Sala rechazó su reclamo, la Casa de Bello presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema y, en paralelo, acudió al TC para que definiera si dicha ley es o no aplicable al plantel.
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Para el rector Pérez, la U. de Chile no estaría sometida a la norma, por ser una "persona jurídica de derecho público autónoma", y no un "servicio público". En su requerimiento al TC argumenta que la ley de transparencia "vulnera la autonomía" de la institución e infringe su "autodeterminación informativa"; es decir, su derecho a decidir por sí misma qué información publicar y cómo.
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El TC, sin embargo, desestimó estas ideas. Asegura que la universidad estatal "reúne todas las condiciones que permiten reconocerla como un servicio público (...) para cualquier efecto legal". Señala que la reforma constitucional de 2005, incluso anterior a la ley de transparencia, "privó a dicha casa de estudios de toda opción para regular a través de decretos internos qué materias concernientes a ella se pueden divulgar o retraer del conocimiento público".
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El TC establece que la universidad no puede "estimar lesionada su autonomía" por quedar sujeta al control del Consejo de la Transparencia y que "no existe inconstitucionalidad" en el hecho de estar sometida a la ley de transparencia: .
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"Sostener lo contrario implicaría otorgar a ese plantel universitario un estatus propio de un poder separado de la administración del Estado, del que carece".
Vallejo: "Es una amenaza"
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Los que sí hablaron fueron los decanos, que son partidarios de acatar el fallo y entregar información, aunque hay matices. Cecilia Sepúlveda, decana de Medicina, dijo que "habrá que responder a los requerimientos en los plazos dados". Eso sí, lamentó la decisión del TC: "La U. de Chile no es un servicio público más. Es una institución académica que está en desigualdad de condiciones en relación a las universidades privadas, que, recibiendo recursos del Estado, no tienen que entregar toda la información. Eso genera una competencia desigual".
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Por su parte, el decano de Economía y Negocios, Manuel Agosin, se mostró "partidario de la transparencia. No veo por qué no publicar las remuneraciones de los profesores. No tenemos nada que esconder y podemos cumplir completamente el fallo del TC. Cualquier institución como la nuestra, que trabaja frente al público por el bien común, debe estar dispuesta a entregar toda la información que el público requiera".
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Distinto piensa Camila Vallejo, candidata a la reelección en la presidencia de la FECh. Dijo que las universidades privadas "deberían someterse a Contraloría. Si utilizan recursos públicos, deben someterse a fiscalización, que demuestre su uso en fines de interés público, y no proyectos doctrinarios de determinada índole". Por eso, considera que "el fallo es una amenaza dentro del mercado y la competencia del sistema educacional".
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EN DESARROLLO
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