DE LA SEGUNDA.COM
.Aseguran que los cuestionamientos hechos "no son exigibles ni aplicables" a esos planteles. Reclaman que tampoco se esperó el tiempo de descargos antes de emitir un pronunciamiento.
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Este mediodía los rectores -encabezados por el presidente del Consorcio, Juan Manuel Zolezzi- cuestionaron la forma en que la información fue entregada, admitiendo su sorpresa por la conferencia de prensa dada por el presidente del Consejo. "Nos sorprende esta forma de dar a conocer las actividades de fiscalización de dicho Consejo , con una metodología más parecida a ciertos estudios de mercado y a estrategias de marketing propias de empresas comerciales, que a las prácticas que corresponde a un órgano fiscalizador ", sostuvieron.
Y luego plantearon que el Consejo "está obligado a formular sus cargos, en primer lugar, a las instituciones requeridas y sólo después de haber recibido sus descargos emitir pronunciamientos. Como se señala en la propia conferencia de prensa, el plazo de las Universidades para formular sus descargos aún no ha finalizado".
Pero también aseguraron que parte de las observaciones hechas a estos planteles "no son exigibles ni aplicables a las universidades del Estado".
Por ejemplo se pide el número de trabajadores que se rigen por el Código del Trabajo, pero esas universidades no pueden contratar personal bajo este régimen laboral. Y respecto de "los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario", aseguran que "tal información no existe pues las universidades no son auditadas de esta forma por Contraloría. Por el contrario, se rigen de acuerdo al Decreto 180 del Ministerio de Hacienda que obliga a publicar los presupuestos y ejecuciones presupuestarias en un diario de circulación nacional y enviados con posterioridad a la Contraloría".
En definitiva, señalan, " en la metodología que aplica el Consejo de Transparencia, se aprecia desconocimiento de las particularidades de las universidades estatales, lo que conduce a errores al exigir publicar antecedentes no aplicables a estas instituciones".
Y aseguran que "si se aplicara una evaluación adecuada, el resultado sería sustancialmente diferente (...) El informe incurre en un error grave al señalar estas omisiones como una falta de transparencia, causando perjuicio patrimonial y moral a nuestras universidades".
Y concluye advirtiendo que "ante la actual coyuntura que vive la Educación Superior y sobre todo, ad portas de un proceso de admisión a las universidades chilenas, existen sectores interesados en dañar la imagen de las universidades estatales. Así, recurren a la manipulación de cualquier información que pudiese ponerlas en tela de juicio, incluso un estudio proveniente de una entidad tan respetable y fundamental como el Consejo para la Transparencia".
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