Vacíos, vicios y debilidades salieron a la luz durante su discusión en el Congreso.
DE EL MOSTRADOR.COM
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No fue una sorpresa. Incluso durante su tramitación en el Parlamento hubo voces proféticas que anunciaron que la singular fórmula elegida para acreditar a las instituciones de educación superior terminaría por hacer agua. La voluntariedad del sistema y la singular forma en que son elegidos sus miembros, designados por las propias instituciones que luego son examinadas, sorprende incluso al abogado representante del ex presidente de la CNA, Eugenio Díaz, quien está en prisión preventiva junto a dos ex rectores en medio del escándalo que sacude al sistema.
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Las incongruencias de la ley que dio vida a la —hoy cuestionada— CNA ya eran tema de rechazo durante su tramitación. Pese a ello y a las voces de alerta de diversos parlamentarios de la Concertación, el proyecto presentado ante el Congreso en 2003, a través de un mensaje presidencial de Ricardo Lagos, fue aprobada en 2006.
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Al más puro estilo de “en la medida de lo posible” que marcó a los gobiernos de la Concertación y que hoy trae cola: la fórmula negociada hace agua por todos lados y ha puesto en una crisis de credibilidad al corazón del sistema educacional.
Para el entonces senador Ricardo Núñez (PS), esta crisis “se podía prever perfectamente por el modo de elección de los miembros de la Comisión, que no era el más adecuado”. El ex parlamentario recuerda que durante la discusión “algunos advertimos que con este sistema se privatizaba el camino para que se crearan estas entidades a nombre de la ley y se generara un negocio no claro y poco transparente de acreditación de carreras que podía terminar sin debida fiscalización por parte del ministerio. Esto último se está demostrando: lo que ha ocurrido es la manifestación explícita de que este sistema no es el más adecuado ni el más seguro para que se den garantías de mínima calidad para la obtención de títulos. En consecuencia, creo que la ley cumplió lo que tenía que cumplir, ya se demostró que tenía falencias. Ya hay experiencia suficiente, por lo tanto es el momento de incorporar profundas modificaciones y generar condiciones muy distintas a propósito del escándalo”.
Los evidentes conflictos de interés generados porque los miembros de la CNA son designados por las propias instituciones, que luego pasan por el proceso de certificación, son prueba suficiente. Según publicó La Segunda basta mirar los vínculos de los comisionados con el mundo educacional, la participación que tienen en empresas como socios o parte del staff de alguna firma de asesorías, y la extensa red de contactos que esto genera.
Sumado al demoledor informe que entregó la Contraloría General de la República sobre el funcionamiento de la CNA así como el caso sobre el lucro en las universidades que lleva el fiscal Carlos Gajardo.
EL FRACASO DE LA LEY
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Corría 2003 y el explosivo crecimiento de la educación superior, que en ese tiempo ya llegaba a 480 mil estudiantes repartidos entre 60 universidades, 43 institutos profesionales y 113 centros de formación técnica, hacía urgente implementar una fórmula que entregara una garantía pública de calidad de la educación superior. Principalmente pues, tal como dice el mensaje presidencial de Ricardo Lagos con que ingresó la propuesta al Congreso, “las decisiones que los ciudadanos adopten con relación a los servicios proporcionados por el sistema de educación superior, se verán apoyadas por antecedentes sólidos, provenientes de la propia comunidad técnica, profesional y académica, y refrendados y sustentados por el Estado”.
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