Un nuevo modelo para financiar el antiguo sistema de la Ley de Incentivo al retiro Nº 20.374 está próximo a ser elaborado entre el Consorcio de Universidades del Estado, la DIPRES y otros organismos del sector público.
Recordemos que el sistema de bonificación fiscal caducó el 31 de enero de 2011 y permitió alcanzar un universo de más de 2 mil jubilados que, en su mayoría, obtuvieron el bono de gratificación en UF por su retiro voluntario.
La propuesta, tiene como objetivo definir un mecanismo de transición especial para el sector universitario que permita cubrir la antigua bonificación que otorgaba el Estado, pero esta vez con un horizonte acotado en la medida que se crea un fondo que sustente este programa en el largo plazo.
Hoy en día la Ley Nº 20.374 establece que la Universidad podrá crear de un fondo financiado con un aporte institucional del 0,8% de la remuneración mensual imponible de cada funcionario más el aporte del 0,65% de la remuneración mensual imponible de cada funcionario. El fondo, a medida que capitaliza lo recaudado a lo largo del tiempo, permitiría una bonificación para las personas que cuenten con a lo menos 5 años de servicio y que acceda a la bonificación por renuncia voluntaria como máximo 180 días después de la fecha de cumplimiento de dicha edad, acceso a las personas que, en caso de invalidez, se pensionen hasta 5 años antes de la edad legal de jubilación, cumpliendo los otros requisitos a la fecha de pensionarse por invalidez, además, será directamente proporcional a las horas trabajadas por jornada laboral.
Sin embargo, para las universidades estatales este fondo no ha sido posible de implementar por razones jurídicas y financieras y su viabilidad depende del apoyo del Estado, a través de un mecanismo de transición y de recursos permanentes que lo respalden.
Según lo expresado por el Subdirector de Racionalización y Función Pública, Hermann Von Gersdorff, la DIPRES está dispuesta a contribuir en un mecanismo de transición para apoyar el retiro del personal en edad legal de jubilar durante los próximos años en la medida que se materialice un “Fondo de Retiro” en las universidades. No obstante, dicha propuesta podría verse entorpecida, ya que la experiencia indica que cualquier creación de fondos para este objetivo, debe estar decretado por ley.
La mesa de trabajo comenzará a sesionar antes del 14 de septiembre y estará constituida por representantes de la DIPRES, del Ministerio de Educación, de Contraloría General de la República, de la Superintendencia de AFP, y de las universidades a través del Consorcio de Universidades del Estado.
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