DE EL MERCURIO ONLINE
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EDITORIAL PRINCIPAL
Jueves 19 de Mayo de 2011.Cambios en educación superior
.Ha comenzado a esbozarse la agenda que el Gobierno promoverá en educación superior: son cambios con focos bastante específicos, pero representan un avance respecto de cierto inmovilismo en este sector que lleva ya mucho tiempo. La autoridad ya anunció un fondo concursable de 50 millones de dólares para una renovación de los programas de formación inicial docente, que busca asegurar una mejor preparación de los futuros maestros.
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Las demás transformaciones serían anunciadas en el mensaje presidencial del 21 de mayo, pero los lineamientos generales ya han trascendido y se agrupan en 10 áreas. Entre las más relevantes está el perfeccionamiento de los mecanismos de ayuda financiera a estudiantes de ingresos medios y bajos, en esfuerzos que tienen dos ejes. Por una parte, se quiere mejorar los apoyos para cursar carreras técnicas. Actualmente, éstos son reducidos, lo que empuja a muchos jóvenes a elegir carreras universitarias en que, quizás, sus perspectivas de desarrollo profesional y personal son más limitadas que en disciplinas técnicas. .
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Con un sistema de becas mejor diseñado, este desequilibrio podría corregirse satisfactoriamente.
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Asimismo, se busca lograr un mecanismo de financiamiento más justo para los estudiantes que desean perseguir una carrera universitaria. En la actualidad, un estudiante que asiste a una universidad del Consejo de Rectores accede a un crédito más barato y obtiene, en promedio, una beca más generosa que un estudiante de igual condición socioeconómica que asiste a otra institución de educación superior no perteneciente a esa asociación, aun si ambas instituciones han sido acreditadas por un período equivalente. Esta situación no cumple criterios básicos de equidad, y cualquier avance que corrija tales discriminaciones sería muy positivo. Este objetivo, aunque deseable, puede ser resistido, ya que crea una mayor competencia entre entidades. No obstante, el escenario actual debe ciertamente enmendarse.
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Otro campo en que habría cambios es en el del aporte fiscal indirecto, que se entrega a las instituciones que matriculan a los 27 mil 500 mejores promedios de la PSU. Ese premio incentiva el uso de este instrumento como mecanismo de selección de los futuros estudiantes. Se argumenta que eso desalienta el uso de otros criterios que podrían ser tan buenos predictores de desempeño como la PSU -por ejemplo, el ranking de notas de los estudiantes en sus escuelas- y que asegurarían un acceso más equitativo a las universidades y carreras más selectivas. La evidencia al respecto es discutible y, por tanto, hay que avanzar con cautela para no afectar negativamente el desarrollo de esas universidades y carreras. Es indispensable evaluar con cuidado el efecto de esta modificación antes de proceder de modo definitivo en este punto.
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El Gobierno también aspira a actualizar el sistema de acreditación vigente, asignando mayor peso a los resultados obtenidos en cuanto a empleabilidad y retención de estudiantes, entre otros, sin concentrarse sólo en indicadores de proceso. Es un paso necesario para asegurar una acreditación más confiable que la actual. En esto se ha avanzado de modo significativo y debería ser posible consolidar un sistema con este enfoque.
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Entre las reformas esbozadas hay dos particularmente complejas. La primera es aquella que quiere liberalizar a las universidades estatales de las ataduras burocráticas que les impone su naturaleza jurídica. Es difícil imaginar que eso sea factible sin un contrapeso, que no parece ser otro sino un consejo superior con mayoría de integrantes independientes, que vele por la adecuada administración de estas instituciones en sus aspectos financieros.
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La segunda área de modernización que supone obstáculos difíciles de superar es la articulación de la formación en educación superior, para asegurar más movilidad entre instituciones, en una suerte de "convenio de Bolonia" de alcance nacional. A pesar de las dificultades que conllevan, ambos pasos son indispensables.
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DE DIARIO LA SEGUNDA DEL DÍA MARTES 17 DE MAYO
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por GONZALO MULLER
LA MATRIZ UNIVERSITARIA
.por GONZALO MULLER
PROF. DE U. DEL DESARROLLO
(EX DEL MINISTRO LAVÍN)
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El pasado jueves, más de 20 mil jóvenes estudiantes universitarios y secundarios marcharon por reformas al actual sistema de educación superior, poniendo en evidencia las fallas y desigualdades que éste genera y solicitando mayores recursos por parte del Estado.
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Pero no basta con inyectar más dineros al sistema, sin antes revisar si el actual modelo de educación superior cumple con estándares de igualdad en el trato y acceso que tienen los jóvenes de nuestro país, y la transparencia que existe en el uso de esos recursos.
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Así, vemos que la mayor parte de las críticas apunta a las desigualdades que enfrentan los alumnos al momento de recibir ayuda en el financiamiento de sus estudios. En los hechos, existirían «alumnos de primera categoría», pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), y de segunda: la inmensa mayoría, casi el 80% que asiste a universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica.
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Sin embargo, el grupo de los pertenecientes al CRUCH concentra el 80% de las ayudas estatales para la educación superior, asignación basada en criterios históricos y no de necesidad socioeconómica, dejando en una situación de desmedro al resto de los estudiantes.
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Sin embargo, el grupo de los pertenecientes al CRUCH concentra el 80% de las ayudas estatales para la educación superior, asignación basada en criterios históricos y no de necesidad socioeconómica, dejando en una situación de desmedro al resto de los estudiantes.
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Este desigual trato del Estado frente a los estudiantes se hace más evidente al ver cómo los alumnos del CRUCH acceden a un crédito solidario en condiciones mucho más ventajosas que sus pares que estudian en otras instituciones. La diferencia en la tasa de interés es brutal: para los primeros, un 2%, y para el resto, casi un 6%.
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En verdad, no se entiende qué justifica que los alumnos con mayor necesidad de ayuda deban asumir créditos más caros, generando un excesivo endeudamiento de sus familias. De los profesionales que egresan del CRUCH y contaron con crédito solidario, sólo un 40% paga esta ayuda recibida para realizar sus estudios; con su actitud no sólo reducen la capacidad del mismo fondo de crédito a incorporar nuevos beneficiarios, sino que evidencian el diferente trato frente aquellos que, estudiando con créditos con aval del Estado, deberán responder por sus deudas sin importar qué porcentaje de sus futuros ingresos deban destinar para estos efectos, ni tampoco el tiempo que se demoren en servirlas.
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En verdad, no se entiende qué justifica que los alumnos con mayor necesidad de ayuda deban asumir créditos más caros, generando un excesivo endeudamiento de sus familias. De los profesionales que egresan del CRUCH y contaron con crédito solidario, sólo un 40% paga esta ayuda recibida para realizar sus estudios; con su actitud no sólo reducen la capacidad del mismo fondo de crédito a incorporar nuevos beneficiarios, sino que evidencian el diferente trato frente aquellos que, estudiando con créditos con aval del Estado, deberán responder por sus deudas sin importar qué porcentaje de sus futuros ingresos deban destinar para estos efectos, ni tampoco el tiempo que se demoren en servirlas.
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Lo inequitativa de la actual distribución de los recursos destinados a la educación superior y el trato discriminatorio entre los jóvenes frente al sistema de financiamiento, sólo basado en el tipo de institución a que pertenecen y no en sus necesidades o capacidades, revela la urgencia con que debe ser enfrentada la discusión de una reforma a la educación superior y, sobre todo, avanzar hacia un sistema único de crédito estudiantil, que garantice el igual acceso de todos a las ayudas ofrecidas por el Estado.
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Si creemos que la educación es por lejos el mayor responsable de la movilidad social, capaz de provocar grandes saltos entre generaciones, debemos entender que la promesa de una sociedad más integrada y justa, basada en el mérito, no se puede cumplir con un sistema de educación superior que obedece al Chile del pasado, rígido y tradicional, y donde los privilegios que antes se otorgaban sin mayor cuestionamiento hoy nos parecen inaceptables.
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El Gobierno debiera revisar el conjunto de los recursos destinados a la educación superior bajo parámetros de mayor equidad y justicia en la distribución, abriendo la posibilidad a que todos los estudiantes e instituciones de educación superior reciban un igual trato en el acceso a estos dineros públicos, pero también estableciendo y fiscalizando exigencias reales de calidad de la educación que se ofrece, y de mayor trasparencia en el uso de esos recursos.
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NOTA EDITOR : Ayer miércole 18 a las 22:00 hrs.se trasmitió por CNN-CHILE, la entrevista que Tomás Mosciatti le hizo al Rector de la U. de Chile, sobre estos temas.
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