EL ESTUDIANTE DE DERECHO QUE DESAFIÓ AL RECTOR DE LA CHILE A DEVELAR LOS SUELDOS DE LOS PROFESORES DE LA CORPORACIÓN

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DE ELMERCURIO.COM
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Mientras la rectoría se niega a entregar la información por considerar que no está sujeta a la Ley de Transparencia, en el proceso iniciado por el alumno, tanto el Consejo para la Transparencia como la Corte de Apelaciones señalaron lo contrario. Hoy el caso está en la Corte Suprema y en el Tribunal Constitucional.  
Matías Bakit y Carlos Saldivia 

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"Hoy, al interior de la Universidad de Chile hay personas que tienen ingresos por 14 millones de pesos y están pidiendo más plata para la universidad. Transparenten eso(..) operan como una empresa. Es el MOP-GATE en otra dimensión".

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Estas palabras, dichas por el historiador y académico de la Universidad de Chile Alfredo Jocelyn-Holt en un programa de televisión, provocaron impacto en el ambiente educacional y han sido tema obligado en la semana en que el conflicto por la enseñanza llegó a su punto más alto.

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"Han pasado varios días, y nadie me lo ha desmentido. Es más, muchos me han dicho que es perfectamente posible", dice el académico.

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Sin embargo, ésta no es la única vez que se cuestiona la transparencia de la Casa de Bello. En junio, el rector de la Universidad Alberto Hurtado, el sacerdote Fernando Montes, pidió públicamente que las casas de estudios tradicionales revelaran sus negocios: "Se aprovecha el nombre y el prestigio de las universidades, y se convierten en un negocio interno de los profesores", afirmó.

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No obstante, las acusaciones de Jocelyn-Holt apuntaban a una larga y relevante disputa que se inició en la Facultad de Derecho, cuando un alumno de segundo año pidió en 2009 información sobre sueldos y flujos financieros.

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Las derrotas judiciales de la universidad

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En noviembre de 2009, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile cruzaba por un momento polémico. Tras dos meses de toma, renunciaba el decano Roberto Nahum, acusado de plagiar la tesis de un alumno. Al asumir nuevas autoridades, se formó un consejo académico, llamado "comisión de claustro", que, según dicen los que se opusieron a la salida del decano, debía evaluar uno a uno a los profesores y decidir quiénes eran los más idóneos.

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Finalizado el "claustro", el alumno de Derecho Francisco Zambrano -institutano, hoy de 22 años y sin militancia política- quiso conocer los resultados de esa comisión. Para eso pidió a la directora de la Escuela, Pilar Moraga, "el acta del claustro" y "la nómina de las personas que ejercen funciones en la facultad incluyendo su remuneración, grado, jornada horaria y los beneficios salariales adicionales a su sueldo". Ahí comenzó una larga batalla legal que aún no termina.

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El 14 de diciembre le llegó la respuesta de la universidad. Era negativa. "Me respondieron por escrito que no me entregarían la información, amparándose en el artículo 21, número uno letra B de la Ley de Transparencia, que habla del debido cumplimiento de las funciones del órgano", dice Zambrano.

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Entonces, el estudiante de Derecho presentó un recurso ante el Consejo para la Transparencia para exigir la información denegada. El 16 de abril de 2010, la entidad acogió su reclamo y notificó a la universidad que debía publicar la información con los ingresos de todos sus funcionarios.

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Ante esto, el rector Víctor Pérez contraatacó. Asignó para su defensa a los abogados y profesores de la universidad Enrique Barros, Luis Cordero Vega y Cristián Maturana, y levantó, el 8 de mayo de 2010, una .

Reclamación de Ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

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El 14 de diciembre de 2010, ésta fue rechazada y la Justicia confirmó el dictamen del Consejo para la Transparencia.

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Según Zambrano, lo que reclama la universidad es que "no se la debiera considerar un órgano del Estado". "La defensa dice que la universidad tiene el mismo estatuto que las iglesias de derecho público, como la Católica, la Evangélica o Bomberos. Se dice que es un grupo intermedio y no parte del Estado. Pero si no es así, ¿por qué el Estado nos debe financiar?", agrega.

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Para él, el problema de la poca transparencia es que "podría haber una posible triangulación de fondos", que culminarían en sueldos millonarios para algunos profesores. A esto, precisamente, se referiría Jocelyn-Holt.

Fuentes de la universidad consultadas por "El Mercurio" explican que la clave de esta triangulación son las fundaciones y centros de investigación que funcionan en cada facultad y que, al contrario de la universidad, son entidades de derecho privado, y no son vigiladas por la Contraloría. En este contexto, en las fundaciones, los profesores de la universidad tendrían libertad para ofrecer asesorías y distintos servicios para externos, los cuales son pagados aparte, logrando así varios ingresos extras. Por ejemplo, de acuerdo a un documento de la universidad, el 15 de diciembre pasado la Comisión Nacional de Energía pagó 17 millones de pesos por servicios al Centro de Regulación y Competencia (Regcom), dependiente de la Facultad de Derecho.

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En 2010, la Fundación de Derecho de la Universidad de Chile habría obtenido más de 883 millones de pesos en ingresos por ventas. De éstos, 600 millones se habrían reinvertido en remuneraciones, según informes de la universidad obtenidos por "El Mercurio".

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"Estas situaciones se deben transparentar. Hay una cantidad de irregularidades tremendas. Lo dice el informe de la Contraloría del año 2010, que es bien exhaustivo. Hay irregularidades en laguna Carén por $1.500 millones. Ahí se habría construido un tremendo complejo que no existe y tampoco está en el registro de las platas", dice Zambrano.

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Carola Canelo, profesora de la universidad y abogada que ha representado a Zambrano en los tribunales, considera que "aunque hay una razón oficial, la verdadera por la que la universidad se niega a entregar esa información es porque existen grandes diferencias de sueldo entre profesores que tienen una explicación no académica".

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Para ella, estas diferencias "no se deben a que un profesor sea mejor o tenga más trayectoria que otro, sino que a razones arbitrarias. Hay un temor a revelar los ingresos de honorarios que se pagan por proyectos, ya que probablemente haya profesores que ganen más dinero con honorarios por proyectos que por su sueldo. Por eso es necesario que se transparenten los ingresos por sueldo y los ingresos por honorarios que se pagan aparte y sobre lo que no hay información. Buscamos que se transparente el sistema y se eviten actos de corrupción", afirma Canelo.

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El contraataque de Pérez

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Las dos derrotas anteriores no amilanaron a Víctor Pérez. En diciembre, el rector interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema por la decisión tomada por la Corte de Apelaciones. Asimismo, con la asesoría de los abogados Patricio Rosende y Gonzalo García -ambos, ex subsecretarios en los gobiernos de la Concertación- interpuso un requerimiento de inaplicabilidad por causa de inconstitucionalidad del artículo de la ley 20.285, que lo obliga a dar a conocer las platas de la universidad. Los alegatos en el Tribunal Constitucional comenzarán el jueves.

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Si tanto el TC como la Corte Suprema favorecen a Zambrano, la universidad tendría que publicar la información. De no hacerlo, el Consejo para la Transparencia tiene facultades legales para pedir un sumario administrativo contra "el jefe superior del servicio", e incluso multarlo con un 50% de su salario.

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Éste no es el único caso en que el Consejo para la Transparencia ha fallado a favor de que se dé a conocer la información financiera de una universidad tradicional. En 2010 sucedió con la Universidad de Los Lagos y luego con la Universidad Arturo Prat, que ahora tienen las planillas de sueldos en su página web.

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Consultado por "El Mercurio", el presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, explica que es primera vez que una universidad recurre al TC para negarse a entregar información. "La Universidad de Chile está sometida a la Ley de Transparencia, por lo que debe informar en la página web antecedentes como las remuneraciones del personal y permitir el acceso a la información pública. TVN también recurrió al TC, y éste señaló que la norma que ellos solicitaban era inconstitucional no lo era, por lo que el TC también debiera rechazar el recurso de la universidad", señala Urrutia.

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Consultados por "El Mercurio", fuentes de la Dirección Jurídica de la Universidad de Chile explicaron que este tema "está radicado en la Excelentísima Corte Suprema de Justicia y en el Tribunal Constitucional", por lo que no pueden referirse públicamente a él.

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En 2010 el Consejo para la Transparencia enfrentó casos similares con la Universidad de Los Lagos y con la Universidad Arturo Prat, a las que instó a tener las planillas de sueldos en su página web, cosa que hizo posteriormente.

NOTA EDITOR : LA UTEM PUBLICÓ EL AÑO 2010  EN SU  PÁGINA WEB LOS SUELDOS DE SUS PROFESORES Y AUTORIDADES. Y PERIODÍCAMENTE INFORMA DEL PAGO DE HONORARIOS EXTRAORDINARIOS..

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