DE EL MERCURIO.CL
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Hay relativo consenso en Chile sobre la importancia de fortalecer las bases del sistema de educación superior como un aspecto medular en nuestro desarrollo.
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POR CARLOS WILLIAMSON
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Las protestas de los estudiantes han sido un reflejo de que algo no funciona. Y el problema no es sólo de recursos; para decirlo sin eufemismos, de una política pública en las últimas décadas con buenos deseos, con innegables logros, pero mucha imprevisión, débil para enfrentar presiones corporativas, carente de una mirada sistémica para instalar un sistema de financiamiento que promueva mayor equidad e inclusión social, y poco celosa al momento de generar un marco de verdadero aseguramiento de la calidad.
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En ese sentido, el reciente informe de la Comisión sobre Financiamiento Estudiantil ofrece un oportuno diagnóstico de los problemas y plantea soluciones realistas y factibles de abordar en el corto plazo. Desde luego, expone con mucha nitidez que el objetivo de equidad social se logra con financiamiento público y también garantías de calidad.
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El gasto público en la educación superior en los últimos años se ha duplicado, y la presencia de un millón de estudiantes es un signo inequívoco de los avances en cobertura. Pero hay sombras que inquietan. Sólo uno entre cinco jóvenes de los quintiles más pobres en edad para estudiar está en la educación superior. El resto no se incorpora, sea por los bajos desempeños en la educación escolar o por brechas de financiamiento. Los que acceden y provienen de hogares vulnerables tienen una alta probabilidad de caer en el 40% de deserción promedio al segundo año, y entre los que terminan sus estudios, hay muchos que reciben ingresos laborales paupérrimos. Y eso es todavía más grave.
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Como lo demuestra un reciente estudio del CEP, desde el punto de vista del retorno social y privado, mejor habría sido para estos jóvenes no pasar por la educación superior. No es la idea, por cierto, pero si los resultados son así de magros, más vale ser responsables y reconocer que no estamos preparados para seguir ampliando la cobertura sin abordar el tema de la calidad, lo cual interpela a la educación escolar como a las instituciones. Por el lado de los alumnos, mejorar la educación en los colegios, claro está, pero, además, urge revisar los sistemas de admisión para promover mayor igualdad de oportunidades y crear nuevos incentivos para atraer estudiantes a carreras técnicas cortas, no universitarias, pero efectivas en cuanto a competencias laborales. C
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Con respecto de las instituciones, la calidad es muy heterogénea y ha llegado el momento de actuar con firmeza, cerrando programas e incluso instituciones que no cumplen con estándares mínimos de calidad.
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Para ello es preciso revisar a fondo un sistema de acreditación que presenta vacíos: ausencia de variables de resultado para medir calidad; dudas sobre las competencias de las agencias evaluadoras y reparos a los criterios para integrar la Comisión de Acreditación, siendo latente el riesgo de captura de sus miembros en la defensa de intereses corporativos.
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Sobre financiamiento, es un hecho que los costos de aranceles de matrícula son entre 3 y 8 veces los ingresos medios familiares y, por ello, es correcto que la actual trayectoria del financiamiento público se oriente hacia los estudiantes, pero corrigiendo fallas que impiden hablar de un sistema justo y equitativo.
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La Comisión propone un sistema único de becas de arancel para todos los jóvenes de mérito de los cinco primeros deciles y un único sistema de créditos hasta el decil nueve, sin las odiosas restricciones actuales que perjudican a estudiantes de universidades privadas. No es gratuidad para todos, desde luego, por el absurdo de financiar también a los ricos, pero sí llegar con recursos a un universo cercano a los 750 mil alumnos.
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Finalmente, se sostiene la inconveniencia de que el Estado fije aranceles máximos para contener costos. Pero como los aranceles suben continuamente, lo que puede ser gravoso e impedir el acceso y la libre elección de muchos jóvenes, se propone compartir riesgos con las instituciones, esto es, exigir que aquellas que voluntariamente admiten a estudiantes elegibles para ayudas estatales, deban comprometerse a ofrecer una beca o avalar un crédito por la brecha con respecto del monto que aporta el Estado.
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La señal que se busca dar es simple y potente. Si bien es legítimo que las instituciones fijen con libertad aranceles mayores al de referencia, se les pide asumir alguna responsabilidad por ese mayor cobro, y el peso de la prueba es ofrecer apoyo financiero para costear la diferencia.
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