QUE SE EMPAREJE LA CANCHA
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DE RADIO COOPERATIVA.CL
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El gobierno se encuentra en fase de preparación de iniciativas legales que buscan modificar el sistema de financiamiento y acreditación de las instituciones de educación superior. En este marco, versiones de prensa señalan que el ministro Harald Beyer habría anunciado que la autoridad desea establecer “mano dura” en este proceso, a través de la instalación de un sistema en que los establecimientos deben acreditarse por a lo menos seis años o no serían acreditados.
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Como autoridad de una universidad del Estado aplaudo toda medida que implique subir los estándares de calidad de la educación superior chilena.
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Los sistemas de acreditación hoy vigentes han demostrado ser perfectibles, al igual que las medidas tendientes a lograr una mayor igualdad en cuanto a acceso y resultados. No obstante esto último, cualquier aumento en las exigencias hacia las instituciones de educación superior, especialmente las pertenecientes al Estado, deben ir acompañadas necesariamente de mayores aportes directos por parte de éste hacia aquellas.
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El Estado no puede desentenderse de la situación y el destino de las entidades que el mismo vía legislativa creó. Para cumplir su misión y su rol social particular, las universidades estatales requieren un aporte fiscal sin condicionamientos.
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Rescato en este punto las conclusiones del documento de Convergencia elaborado en conjunto por el Consejo de Rectores y la CONFECH durante el año pasado. En el, como resultado de un intenso trabajo, se establecieron una serie de propuestas y condicionantes, entre los que se destacaba la necesidad de robustecer los aportes basales por parte del Estado.
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Las universidades estatales, particularmente las más jóvenes, cumplen un rol fundamental en el desarrollo económico en regiones y en el logro de movilidad social real de sus titulados.
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Ellas buscan la calidad y la excelencia, tal y como lo han hecho históricamente, pese a la permanente disminución de los aportes del Estado, y están llanas a alcanzar esos estándares exigentes de los que habló el Ministro; sin embargo para hacerlo, es necesario “que se empareje la cancha” y que el Estado asuma su responsabilidad.
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Finalmente es importante destacar, que las comunidades educativas de las universidades estatales a lo largo de todo Chile (sus académicos, sus funcionarios administrativos, sus estudiantes y las familias de éstos, y por supuesto, sus titulados) son personas de esfuerzo y excelencia, que están dispuestas a desenvolverse en marcos de calidad más rigurosos diseñados sobre la base del diálogo entre todos los actores del sistema.
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Sin embargo tales marcos no pueden generar como efecto indirecto, el estrangulamiento de las universidades estatales y la concentración del “mercado” educacional superior en unas pocas universidades, muchas de ellas de carácter privado.
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Como autoridad de una universidad del Estado aplaudo toda medida que implique subir los estándares de calidad de la educación superior chilena.
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Los sistemas de acreditación hoy vigentes han demostrado ser perfectibles, al igual que las medidas tendientes a lograr una mayor igualdad en cuanto a acceso y resultados. No obstante esto último, cualquier aumento en las exigencias hacia las instituciones de educación superior, especialmente las pertenecientes al Estado, deben ir acompañadas necesariamente de mayores aportes directos por parte de éste hacia aquellas.
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El Estado no puede desentenderse de la situación y el destino de las entidades que el mismo vía legislativa creó. Para cumplir su misión y su rol social particular, las universidades estatales requieren un aporte fiscal sin condicionamientos.
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Rescato en este punto las conclusiones del documento de Convergencia elaborado en conjunto por el Consejo de Rectores y la CONFECH durante el año pasado. En el, como resultado de un intenso trabajo, se establecieron una serie de propuestas y condicionantes, entre los que se destacaba la necesidad de robustecer los aportes basales por parte del Estado.
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Las universidades estatales, particularmente las más jóvenes, cumplen un rol fundamental en el desarrollo económico en regiones y en el logro de movilidad social real de sus titulados.
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Ellas buscan la calidad y la excelencia, tal y como lo han hecho históricamente, pese a la permanente disminución de los aportes del Estado, y están llanas a alcanzar esos estándares exigentes de los que habló el Ministro; sin embargo para hacerlo, es necesario “que se empareje la cancha” y que el Estado asuma su responsabilidad.
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Finalmente es importante destacar, que las comunidades educativas de las universidades estatales a lo largo de todo Chile (sus académicos, sus funcionarios administrativos, sus estudiantes y las familias de éstos, y por supuesto, sus titulados) son personas de esfuerzo y excelencia, que están dispuestas a desenvolverse en marcos de calidad más rigurosos diseñados sobre la base del diálogo entre todos los actores del sistema.
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Sin embargo tales marcos no pueden generar como efecto indirecto, el estrangulamiento de las universidades estatales y la concentración del “mercado” educacional superior en unas pocas universidades, muchas de ellas de carácter privado.
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