DE EL MOSTRADOR.CL
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Las investigaciones y auditorías que ahogan a la UMCE
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Una estafa que superaría los $400 millones, en la que está acusado el equipo ejecutivo de administración y la supuesta venta de pases escolares, más inconsistencias en la contabilidad de los aranceles, tienen a la Contraloría y al Ministerio Público con los ojos encima del ex Pedagógico.
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Han pasado dos años desde el terremoto del 27 de febrero de 2010, pero en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) parece que el tiempo se detuvo. Grandes extensiones del terreno que ocupa la institución en la esquina de Macul con Grecia, se encuentran en estado de semi abandono y los daños que dejó el sismo están a la vista.
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La UMCE el año pasado estuvo rankeada entre las universidades estatales que más recibieron dinero del Estado con un total de $9.589.219, entre Aporte Fiscal Indirecto, Aporte Fiscal Directo, Fondos Concursables, Becas y el Fondo de Retiro..
En octubre el rector, Jaime Espinosa, protestó por la decisión del Mineduc que cortó los aportes fiscales a cuenta del Fondo Solidario y las becas. La medida se tomó porque el plantel supuestamente no cerró el primer semestre según los plazos establecidos por el ministerio, asunto que el rector obviamente se encargó de desmentir.
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Espinosa explica que “en septiembre-octubre el país estaba convulsionado, y a diferencia de otras universidades nosotros estábamos paralizados, pero no en toma, administrativamente la universidad funcionaba. Lo que sí estaba paralizado era el pre grado y cuando nos piden cerrar el semestre era imposible comprometer una fecha, no sé como lo hicieron las demás para cumplir”, explica.
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La suspensión de fondos, significó que durante dos meses los alumnos no recibieran sus becas de alimentación y mantenimiento. Ahora el flujo está normalizado.
Contraloría y Televisión
Semanas más tarde, la Universidad recibió otra notificación desde el Estado. Esta vez la Contraloría General de la República asignó a cuatro funcionarios para investigar supuestas irregularidades administrativas.
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Fue la segunda vez en el año que el organismo ponía sus ojos sobre el funcionamiento de la UMCE. Ya en julio de 2011 la Contraloría terminó un informe en el que detectó algunas irregularidades en el ingreso de aranceles, según el cual se encontraron “inconsistencias y diferencias en el análisis de los registros contables”, “omisión en el pago de aranceles” y “omisión en los comprobantes de ingresos”.
.Esta vez, los funcionarios encabezados por la abogada Isabel Charmin investigan materias que se cruzan con las indagaciones que sigue la Fiscalía Oriente respecto de dos delitos de estafa.
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El primero lo lleva el fiscal Francisco Soto y se trata de la supuesta venta de pases escolares entre gente que no pertenece a la universidad. El asunto fue abordado en un reportaje reciente de TVN.
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En televisión el rector Espinosa señaló que “sería muy lamentable que la universidad estuviera siendo utilizada para cometer delitos”.
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Hasta ahora, la Brigada de Delitos Económicos, que investiga el asunto, no ha logrado imputar a persona alguna. Según fuentes policiales, la indagatoria se extiende también a la supuesta venta de cuponeras correspondientes a las becas de alimentación de la Junaeb.
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La traición al rector
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Personas ligadas a la investigación afirman que “las indagatorias en este caso se centran en la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la UMCE, ya que desde ahí se entregan los beneficios”.
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Paralelamente, el fiscal Francisco Jacir investiga otro caso caratulado como “estafa” en el Octavo Juzgado de Garantía.
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A diferencia del anterior, aquí existen personas querelladas. Entre ellos se cuenta Luis Fernando Pino Martínez, ex director de Administración y Finanzas del plantel. Pino, de acuerdo a fuentes ligadas a la investigación, habría recomendado al contratista Sergio Duarte Torres para realizar una serie de trabajos de reparación eléctrica.
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El sismo del 27/F daño la techumbre de algunas salas.
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Tanto la Contraloría como el Ministerio Público tienen en su poder facturas que conforme a cálculos extraoficiales suman $480 millones de pesos. Varias de ellas no tienen el detalle de los gastos y según pudo verificar El Mostrador, se trata de órdenes de compra que varían desde el millón y medio de pesos hasta facturas por más de 20 y 30 millones, por obras que en la mayoría de los casos, no están detalladas. Paralelamente, la instalación eléctrica del plantel a simple vista se nota muy deteriorada.
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Algunas de esas facturas están firmadas por Alan Agüero, jefe de Infraestructura de la universidad, por lo que también se encuentra entre los querellados. Asimismo, la acusación alcanza al ex jefe de adquisiciones Pablo Pefaur Cáceres.
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Cinco personas están siendo investigadas por estafa en relación a trabajos que no se hicieron o que se pagaron con precios inflados. El asunto ha provocado en el rector Espinosa una “tremenda decepción”, ya que los involucrados, partiendo por el gerente Fernando Pino, eran de su confianza. Según fuentes de la universidad tenían una estrecha amistad desde que Espinosa lo trajera al puesto desde la Universidad de Chile.
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“Usted puede creer que soy ingenuo, pero me cuesta creer que haya cometido un delito, lo que sí él fue negligente al no ejercer todos los controles. Yo recibo un alto de medio metro con documentos para firmar y ud. comprenderá que si no confío en las personas que están por debajo de mí, apoyando el proceso administrativo, me volvería loco”, aclara Espinosa.
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El rector explica el contexto de su trabajo para decir que jamás sospechó que dentro de su equipo más cercano había una supuesta maquinita para defraudar a la institución.
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Espinosa no sabía, sin embargo “de pronto el rumor de pasillo se hizo insoportable y pedía a la contraloría interna que hiciera un informe, pero los resultados no fueron satisfactorios, una auditoría externa tampoco fue del todo concluyente. Entonces pedí un sumario, pero antes de terminarlo ya tenía la claridad de que esas personas habían perdido mi confianza y denunciamos a la fiscalía”, cuenta.
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La investigación incluye la presunta estafa en una licitación para demoler las construcciones dañadas por el terremoto. El contrato con la empresa que se la adjudicó fue rescindido unilateralmente para dárselo a otra, pero los trabajos aún se mantienen suspendidos.
La guerra de dos funcionarias
En torno a la reconstrucción Espinosa admite que los daños suman un total de $1.500 millones, aunque sólo recibieron $110 millones del Estado para este propósito. “Hemos hecho lo que más hemos podido con ese dinero”, señala.
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De todas formas, hace rato la guerra ya estaba declarada. Fuentes al interior del plantel apuntan a dos funcionarias que han encabezado las denuncias y ahora esperan ser recibidas por la senadora Ena Von Baer, de la Comisión de Educación del Senado, donde le expondrán la situación de la universidad, llena de irregularidades y que la mantienen en un estado lamentable.
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En febrero, dos días antes de salir de vacaciones, Jaime Espinosa otra vez vía rumores, se entera de que las dos funcionarias han ido hasta las oficinas de la Junaeb junto a un periodista de TVN, para cruzar los datos que tienen en su poder, respecto de que se habrían vendido 600 pases escolares.
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El cruce con los datos de la Junaeb arroja que hay evidencia y la institución presenta la querella que da origen a la investigación a cargo del fiscal Soto.
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La universidad y el rector Jaime Espinosa también se hicieron parte en la querella. El rector, “militante pasivo” DC y nombrado por Michelle Bachelet, respecto a una supuesta pelea entre bandos al interior de la universidad, dice: “No sé si hay algo contra mí, pero uno siente algo de odiosidad. Yo ya demostré que persigo todas las responsabilidades, caiga quien caiga”.
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Finalmente, la turbulencia ha servido para contratar un nuevo equipo de administración que está ordenando la casa y acortando el déficit de $3.600 millones que había hasta el año pasado.
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N.E. Aunque estos hechos tiene carácter de delitos o desórdenes administrativos puntuales, la repitencia de éstos en diversas universidades inducen a pensar de que éstas tiene una falla estructural que permite que esto ocurra sin mayores consecuencias para sus actores ni para los responsables administrativos de la gestión.
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Finalmente el costo lo pagan las instituciones con una fuerte pérdida de prestigio de todo el sector estatal.
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