María José Lemaitre y el aseguramiento de la calidad :

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DE EL MERCURIO.COM

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La calidad de la educación superior ocupa un lugar privilegiado en la agenda pública, junto a fuertes críticas a los procesos nacionales de aseguramiento de la calidad.

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Existe el riesgo de centrar el análisis en aspectos coyunturales y enfatizar elementos de control y regulación más que los que la experiencia internacional señala como eficaces para promover la calidad. Por ello, es útil dar a conocer los resultados de un estudio conducido por el Centro Interuniversitario de Desarrollo (Cinda), que analizó el impacto de la acreditación sobre la gestión y la docencia en universidades de siete países iberoamericanos.

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Un resultado importante es el reconocimiento del aporte de los procesos de evaluación a la calidad institucional. Se destacan el desarrollo de sistemas de información y su uso para una gestión de calidad; la valoración creciente de la docencia, y cambios positivos en el diseño curricular, las prácticas pedagógicas y la dotación de recursos de aprendizaje.

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Al mismo tiempo, se critican la burocratización de los procesos evaluativos y su distanciamiento de los aspectos sustantivos asociados a la calidad. 

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Hay un riesgo evidente en el uso de indicadores formales y cuantitativos, que tienden a homogeneizar los criterios de calidad y a limitar los espacios para una gestión responsable y autónoma de la calidad. Esta crítica, que viene tanto de universidades públicas como privadas, es una llamada de atención a las agencias, más aún cuando surge la tentación de avanzar hacia procesos más fiscalizadores.

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Tanto la Red Internacional de Agencias de Acreditación (Inqaahe) como la Asociación Europea para el Aseguramiento de la Calidad (Enqa) han definido criterios para evaluar los procesos de aseguramiento de la calidad. Ambas enfatizan que la calidad es responsabilidad prioritaria de las propias instituciones, y asignan a las agencias la función de promover su capacidad para generar mecanismos de autorregulación. Para ello exigen a las agencias, primero, un esfuerzo de transparencia en el diseño participativo de los criterios y procedimientos de evaluación, incluyendo la selección y formación de evaluadores.

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Una segunda exigencia, tanto o más importante que la anterior, es la independencia de los juicios, es decir, que éstos se basen y puedan justificarse sólo en la aplicación de dichos criterios y procedimientos.

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Nuestra discusión nacional no puede ignorar estas consideraciones si queremos avanzar hacia el reconocimiento creciente de la educación superior.

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