El ministro Harald Beyer aclaró que si bien las transacciones no constituyen por sí mismas un delito, es necesario investigar su naturaleza para detectar si hay indicios de que lucren por esa vía.
.DE LA SEGUNDA.COM
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De las 59 instituciones que entregaron sus estados financieros a la cartera, 53 informaron tener alguna relación con una empresa, lo que representa el 90%. Entre éstas se encuentran las 25 universidades pertenecientes al Consejo de Rectores (CRUCh) y 28 privadas. En promedio, cada universidad mantiene vínculos con seis compañías.
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Sólo cinco universidades, todas privadas, afirmaron no tener vínculos con empresas relacionadas –Academia de Humanismo Cristiano, Católica Silva Henríquez, la Araucana, Miguel de Cervantes y ARCIS–. Mientras que la Universidad de La República y del Mar no entregaron la información.
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El ministro Harald Beyer explicó que las universidades mantienen vínculos de distinta naturaleza con sus empresas asociadas, que van desde el desarrollo de innovación hasta la compra de servicios y el arriendo de inmuebles.
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Asimismo, indicó que las transacciones entre universidades y empresas no constituyen por sí mismas un ilícito, "porque la legislación hoy permite una amplia gama de operaciones entre instituciones relacionadas en el mundo universitario".
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No obstante, sostuvo que lo importante es investigar qué tipo de vínculo es el que mantienen entre sí, para detectar por ejemplo si hay indicios de que estén lucrando. "Hay tantas transacciones de tan diversa naturaleza que queremos distinguir claramente entre las que buscan innovación, por ejemplo, de aquéllas que significan la compra de servicios (...) Tenemos que investigar si detrás de eso hubo una extracción de excedentes de la universidad", precisó.
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De todas formas, reconoció que éste "es un dato bastante difícil de ir pesquisando", aunque se encuentran trabajando en esa línea con un grupo de expertos.
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Beyer insistió en que ante la complejidad del sistema, se hace necesario aumentar la regulación, fiscalización y transparencia, lo que a su juicio se lograría con la aprobación de la Superintendencia de Educación Superior, que entregaría a las autoridades mayores facultades en esas áreas. "Lo importante es que se regule esto y las Superintendencia puede avanzar en esta dirección", sostuvo el ministro.
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En esa línea, adelantó que están dispuestos a establecer regulaciones a las transacciones entre las universidades y empresas. "Estamos abiertos a elegir el mejor camino posible, en algunos casos probablemente no sea razonable prohibir que existan las transacciones y en otros casos quizás pueda ser más razonable hacer una muralla", señaló.
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