RECTORES DE UeS. PRIVADAS EMPODERADAS PIDEN REGULACIONES PARA LAS QUE SE QUEDARON ATRÁS Y DESPRESTIGIAN SU ROL EN EL SISTEMA

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LUEGO DE HABERSE DESARROLLADO GRACIAS A LA FALTA DE REGULACIONES EXISTENTES DURANTE LOS ÚLTIMOS  30 AÑOS, ALGUNOS RECTORES DE UNIVERSIDADES PRIVADAS CONSOLIDADAS PIDEN QUE SE REGULE A LAS QUE NO LO HAN HECHO AÚN.

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DE EL MERCURIO.COM

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 ..  Regular las universidades

Andrés Benítez
Rector Universidad Adolfo Ibáñez

Orlando Poblete
Rector Universidad de los Andes

Carlos Peña
Rector Universidad Diego Portales

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Uno de los principales problemas que aqueja al sistema de educación superior lo constituye su heterogeneidad. Esta se expresa en la calidad de los distintos planteles y en los fines y objetivos que persiguen, creando confusión y una desconfianza que afectan la legitimidad del sistema como un todo. Casos recientes, como el sucedido en la Universidad del Mar o aquellos en que se han visto involucrados miembros de la Comisión Nacional de Acreditación, son ejemplos claros de este problema.

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La legitimidad, es decir, la convicción de que hay razones para ser merecedor de la confianza, es una parte fundamental de la tarea educativa. Si esa confianza no existe, entonces la tarea de esas instituciones se hace cada vez más difícil y las miles de familias que cifraron sus esperanzas en ellas experimentan una creciente frustración.

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Una de las razones que explican lo anterior está, al menos en las instituciones creadas a partir de 1981, en la deficiente regulación del sistema. En esa oportunidad, se dispusieron un conjunto apenas mínimo de reglas para su funcionamiento. Se pensó que al exigir que las universidades se organizaran como fundaciones o corporaciones, es decir, como entidades sin fines de lucro, su orientación pública estaría asegurada. Y si bien eso fue así en una serie de instituciones que hoy han alcanzado prestigio y realizado un aporte significativo, implicó también que otras se alejaran del espíritu del legislador, con consecuencias que han sido nefastas para el sistema.

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El modo de corregir esa situación y el primer paso para reconstruir la legitimidad del sistema como un todo lo constituye una mejora de la regulación a que están sujetas las universidades privadas en Chile, tanto las surgidas antes de 1981, como las que se crearon luego de esa misma fecha.

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Hoy día, cuando se mira la legislación, se advierte que las universidades poseen el mínimo de regulación aplicable a las personas jurídicas en Chile. Los deberes de entrega de información al público, sus obligaciones de rendir cuentas, la necesidad de contar con consejos o juntas directivas independientes y responsables, poseen hoy una expresión apenas mínima. Y esa circunstancia ha permitido que algunas instituciones se administren con conflictos de interés en la medida que algunos de sus miembros tienen a su cargo tutelar la universidad y a la vez conducir las empresas con las que ella, a veces, se relaciona.

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La misma circunstancia -la mínima regulación del sistema- es la que ha permitido también que algunas instituciones se mal administren, dañando las esperanzas de miles de familias. Y es en fin esa misma circunstancia la que ha creado la sensación creciente -que daña a todo el sistema- de que, a pesar que la ley lo prohíbe, hay algunas instituciones que, en los hechos, poseen fines de lucro y no reinvierten la totalidad de sus excedentes.

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Creemos entonces que un primer paso para la mejora del sistema es incrementar la regulación a un nivel parecido, por dar un ejemplo, al que poseen hoy instituciones como las sociedades anónimas abiertas. No deja de ser paradójico que hoy en Chile una sociedad anónima posea mayor regulación que una institución universitaria. Pero eso no es todo. Una vez que esa mayor regulación se produzca -y la creación de la Superintendencia en actual trámite es un primer paso para lograrlo- será necesario atender a la economía política del sistema.

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Desde 1981 y hasta ahora, las universidades privadas creadas luego de esa fecha, se han financiado casi en su totalidad con aranceles pagados por las familias con cargo a su renta actual o futura. El nivel de los aranceles se explica en muchos casos porque con cargo a ellos las Universidades sostienen sus comunidades académicas, realizan esfuerzos de investigación y expanden la planta física indispensable.

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Al corregirse los aranceles -una tarea en la que el Gobierno está correctamente empeñado- se cambiará radicalmente esa economía política. Si los aranceles expresan sólo los bienes que benefician inmediata y directamente al estudiante, habrá otro conjunto de bienes, investigación y comunidades académicas entre ellas, que muchas instituciones no podrán sostener. Habrá entonces que pensar cómo se financiarán esos otros bienes o si acaso el Estado se resignará a su pérdida. .

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Por supuesto -y en esto lo estudiantes tienen razón- los subsidios públicos y los otros cambios en la economía política del sistema, si los hubiera, sólo podrían aplicarse una vez que la regulación se haya incrementado en la manera que indicamos.

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Sin mejorar la legitimidad del sistema -algo que sólo se alcanza mediante una mejor y mayor regulación- ningún cambio en su economía política tendrá éxito.

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NOTA EDITOR . ¿ Es decir, deben los estudiantes finnaciar con sus aranceles la investigación y otras funciones de las universidades mediante los aranceles o sólo deben pagar los costos de la docencia recibida ?.

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