Contralor General Ramiro Mendoza: empresas públicas deben ser transparentes sin privilegios de reserva

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DE DIARIO FINANCIERO.COM Y EL MOSTRADOR.COM

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En el marco de la ceremonia de clausura del proyecto “transparentemos”, el contralor general de la República, Ramiro Mendoza Zúñiga, conversó con ESTRATEGIA y destacó el rol de “vigilancia” del organismo que preside.

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—¿Existe una institucionalidad que asegure la transparencia para mejorar la igualdad en la sociedad?.

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—En Chile tenemos una potente ley que dice relación con la transparencia que pone ciertos estándares formales, pero no necesariamente institucionales o sustantivos, porque lo que está suponiendo el Estado y el legislador, es que la información y las decisiones sustantivas están bien adoptadas. Desde ese punto de vista, en relación a los actos (administrativos), no es preocupante. .

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Lo que es preocupante tiene relación al estándar de la información que la administración otorga a solicitud de las personas –no se refiere a documentos administrativos–, porque no hay ninguna regla de cómo se hace la búsqueda y ni de qué calidad es el dato que se entrega. 

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Estamos en una fase de instalación normativa, de cumplimiento cultural y seguramente, en el mediano plazo se va a tener, sobre todo, cuando se logre un portal que permita el manejo al usuario de manera simétrica y con un mismo estándar. Cada vez será más necesario entrar a ver la calidad que supone la información pública.

—¿En qué áreas hay que mejorar los estándares de transparencia?.

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—Más que en mejorar la transparencia, hay que romper las ataduras culturales de los servicios. El cambio cultural es el que más nos ha costado.

—¿Considera que los funcionarios de la administración pública respetan el principio de transparencia?.

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—En materia de aplicación de la ley, las noticias son positivas, pero tenemos todavía un camino de cambios culturales en los funcionarios.

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—¿En qué sectores es más complejo?

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—Puede ser en el ámbito de las FF.AA., seguridad pública, seguramente porque han trabajado mucho más tiempo en una lógica que dice relación con actuar de manera reservada. Pero, donde hay una ruptura cultural mucho más compleja, en materia de transparencia, es en el ámbito de las empresas públicas.

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 Ellas han acudido durante este tiempo a buscar un privilegio de reserva, con el argumento de que compiten, cuando lo común, es que ellos no tengan competencia; o sea, lo común es que la empresa pública atienda el rol subsidiario del Estado, una vez que los particulares puedan asumir sus roles. 

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En realidad, ellos como son una excepción deberían estar siguiendo las reglas propias del Estado y también ser transparentes con la exigencias que tiene el Estado.

—¿De qué manera se puede regular eso?.

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—Lo va a ir regulando la jurisprudencia de los dictámenes del Consejo para la Transparencia, y así ha estado sucediendo en los últimos meses.

—Usted ha hablado de las buenas intenciones y del fracaso en el marco de la transparencia, ¿a qué se refiere?.

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—Eso es una regla de vida, porque todo gobierno que se ha instalado lo hace con buenas intenciones, pero en la ejecución, en la materialización de sus políticas públicas, tiene problemas, hubo problemas en la implementación de los hospitales concesionados, se ha tenido problema con la instalación de ChileCompra, durante el año 2003, 2004 y 2005 hubo una gran resistencia de los servicios públicos. La experiencia en la aplicación de la ley va generando las curvas en las mejoras en las prácticas y eso está asociado al rol esencial de vigilancia y acompañamiento de la Contraloría no sólo como fiscalizador, sino como cooperador de la administración.

—También hizo un llamado a conocer más al Estado…

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—Acá hay un rol compartido del Estado que tiene que acercarse y hay un rol del ciudadano que tiene que demostrar interés, el conocimiento de la fuerza no sirve y todos los esfuerzos de apertura social, particularmente con la aplicación de la Ley 20.500 (participación ciudadana), van a llevar a que el ciudadano tenga saber del Estado, y a que el ciudadano tenga la necesidad de que lo comprendan, porque hasta el día de hoy el diálogo está en que las visiones son caprichosas, y la verdad que toda decisión estatal tiene un motivo.

—¿Cuáles son los desafíos de la Contraloría en esta materia?.

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—Una de nuestras oficinas se está transformando, se llamaba control disciplinario y ahora se va a llamar de atención de denuncia y participación ciudadana. También, hay un proyecto que dice relación con el seguimiento de las denuncias y estamos llamando a la sociedad civil para que nos digan, en el mes de agosto, cuáles son los servicios, las entidades, los actos, donde ellos ven que hay debilidades y aspectos que deben ser considerados para futuras auditorías.