DE LA TERCERA.COM
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Gobierno plantea que superintendencia pueda cerrar universidades
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La Tercera accedió al texto que busca asegurar que planteles reinviertan sus utilidades.
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por Carolina Araya
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El gobierno y rectores están trabajando en el documento definitivo sobre las facultades que tendrá la superintendencia de educación superior una vez que sea creada, que será enviado como proyecto de ley durante los próximos días, pero ya existe un anteproyecto con las líneas generales. En él trabajaron siete rectores de planteles públicos, privados y técnicos, en conjunto con el gobierno.
El texto, denominado "Proyecto de reforma al sistema de Educación Superior", al cual tuvo acceso La Tercera, fue creado hace tres semanas y está siendo trabajado y mejorado por parte del Ministerio de Educación.
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La nueva institucionalidad busca regular el lucro y sancionar a las universidades que no cumplan con la normativa.
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Los rectores que participaron de este trabajo que sesionó en cuatro oportunidades fueron: Juan Manuel Zolezzi (Usach), Aldo Valle (U. de Valparaíso), Ignacio Sánchez (UC), Carlos Peña (U. Diego Portales), Andrés Benítez (U. Adolfo Ibáñez), Gonzalo Vargas (Inacap) y Jaime Vatter (Santo Tomás).
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La propuesta plantea desde sanciones administrativas, hasta el cierre de instituciones públicas, privadas o técnicas que reincidan en infringir las regulaciones a las operaciones con partes relacionadas.
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Así se plantea en la página 5 del texto, que cuenta con 12 páginas en total, y en la que se establece que va a existir "revocación del reconocimiento oficial de la universidad, en caso de reincidencia dentro de un período consecutivo de 12 meses, o infracción grave atendido el monto de la operación de que se trate y el perjuicio causado a la universidad con ocasión de la misma".
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Dentro del mismo ítem se establecen también "multas a beneficio fiscal, en una escala creciente en consideración a la naturaleza y gravedad de la infracción, el beneficio o perjuicio económico derivado de la misma".
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No es todo: en el documento también se plantea que se podrá inhabilitar temporalmente a quienes hayan infringido el reglamento o que "hubiere intervenido en la operación irregular de la propiedad, concurrir a la institución u ocupar cargos directivos en una institución de educación superior, por hasta un plazo de 5 años".
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