EDITORIAL DE EL MERCURIO.COM
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Sábado 03 de Septiembre de 2011
.Los ausentes de un debate crucial
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La Comisión de Educación del Senado aprobó el proyecto de ley que elimina los aportes estatales para las instituciones educacionales con fines de lucro. Eso afectaría a unos tres mil 500 colegios en que estudia alrededor de un millón 200 mil alumnos, y supondría indemnizar a unos 50 mil profesores.
La Comisión de Educación del Senado aprobó el proyecto de ley que elimina los aportes estatales para las instituciones educacionales con fines de lucro. Eso afectaría a unos tres mil 500 colegios en que estudia alrededor de un millón 200 mil alumnos, y supondría indemnizar a unos 50 mil profesores.
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La aprobación de este proyecto no sólo tendría consecuencias directas como las referidas, sino que implicaría un cambio de principio fundamental, cual es el derecho a la libre enseñanza. Chile lo ha consolidado a lo largo de su historia, reconociendo crecientemente el derecho de los padres y apoderados a elegir la educación que quieren para sus hijos. Intentos pasados por limitar este derecho despertaron firme oposición en sectores mayoritarios de la sociedad.
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Por eso, tras meses de movilizaciones y declaraciones confrontacionales que han demonizado el lucro en la educación, sorprende la escasez de voces que defiendan un sistema educacional mixto, fundado en la libertad de enseñanza, y en el que miles de emprendedores han contribuido con buena educación para millones de niños chilenos.
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Apoderados, sostenedores, profesores, incluso la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica -que luchó por décadas en favor de la libertad de enseñanza y del régimen de subvenciones- han callado, en una actitud de aparente sumisión.
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El presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares ha alertado que las familias cuyos hijos asisten a colegios particulares subvencionados no han dimensionado las consecuencias que para esas instituciones -y, por ende, para aquéllos- tendría el fin del subsidio fiscal.
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En igual sentido se han expresado las ex ministras de Educación Mariana Aylwin y Mónica Jiménez. Y el presidente de la Sociedad Norte Sur, con inversiones en 15 colegios particulares subvencionados, ha insistido en la gravedad de un cambio en la normativa, que no contribuiría a la calidad de la educación, pero sí golpearía a un sector que ha permitido un real progreso para el país.
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No es la eliminación del lucro en educación lo que se requiere, sino una efectiva fiscalización con miras a obtener calidad educacional. Lograrla no depende de la propiedad del establecimiento, sino que implica crear la institucionalidad adecuada para impulsarla y preservarla -lo que busca la recién aprobada Agencia de Aseguramiento de la Calidad.
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En momentos en que el Congreso inicia la discusión de esta normativa, en un ambiente enrarecido por las manifestaciones, la ciudadanía debe expresarse sobre el capital derecho a la libertad de enseñanza. Y eso se espera tanto más de los actores que la encarnan.
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NOTA EDITOR: Ante el notorio silencio de los sectores afectados por las reformas educacionales solicitadas por los estudiantes, surge esta convocatoria a la acción de El Mercurio a los sectores eventualmente afectados.
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