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EDITORIAL DE "EL MERCURIO" DEL MARTES 31 DE MAYO DEL 2011
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Hay cierta efervescencia entre estudiantes de la educación superior chilena, particularmente de algunos planteles tradicionales, que plantean una variedad de demandas sobre modalidades y montos de apoyo estatal.
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En ese clima, parece olvidarse que nuestro país es uno de los que más gastan en educación superior como proporción de su Producto Interno Bruto. Mucho de ese gasto es privado y, en consecuencia, el gasto público es, desde una perspectiva comparada, relativamente pequeño.
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A partir de esta realidad se argumenta que el gasto público en Chile debería subir, pero eso no es evidente: la razón de un gasto público bajo obedece, en lo principal, a que los estudiantes financian prácticamente toda su formación mediante desembolsos de la familia o créditos; en unos pocos casos también existen becas.
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La opción tomada por nuestro país -no ahora, sino hace largo tiempo- no es descabellada, porque en Chile hay elevadas desigualdades, y los egresados de la educación superior tienen salarios que en promedio son muy superiores a los de quienes sólo egresan de la educación secundaria.
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Los dineros públicos producen mayor rentabilidad social si se invierten a temprana edad y no en las etapas finales, a las que sólo accede un grupo selecto de estudiantes que, por la situación del sistema escolar chileno, representa de modo desproporcionado a hogares de altos ingresos.
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No parece haber razones de peso para modificar este enfoque. Se puede discutir sobre la conveniencia de allegar más recursos públicos a la educación superior, pero en ningún caso sería razonable reemplazar el gasto privado. Más bien deben hacerse ajustes como, por ejemplo, apoyar mejor a los estudiantes de menores recursos que acceden a la educación superior.
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EDITORIAL DE "EL MERCURIO" DEL MARTES 31 DE MAYO DEL 2011
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Hay cierta efervescencia entre estudiantes de la educación superior chilena, particularmente de algunos planteles tradicionales, que plantean una variedad de demandas sobre modalidades y montos de apoyo estatal.
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En ese clima, parece olvidarse que nuestro país es uno de los que más gastan en educación superior como proporción de su Producto Interno Bruto. Mucho de ese gasto es privado y, en consecuencia, el gasto público es, desde una perspectiva comparada, relativamente pequeño.
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A partir de esta realidad se argumenta que el gasto público en Chile debería subir, pero eso no es evidente: la razón de un gasto público bajo obedece, en lo principal, a que los estudiantes financian prácticamente toda su formación mediante desembolsos de la familia o créditos; en unos pocos casos también existen becas.
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La opción tomada por nuestro país -no ahora, sino hace largo tiempo- no es descabellada, porque en Chile hay elevadas desigualdades, y los egresados de la educación superior tienen salarios que en promedio son muy superiores a los de quienes sólo egresan de la educación secundaria.
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Los dineros públicos producen mayor rentabilidad social si se invierten a temprana edad y no en las etapas finales, a las que sólo accede un grupo selecto de estudiantes que, por la situación del sistema escolar chileno, representa de modo desproporcionado a hogares de altos ingresos.
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No parece haber razones de peso para modificar este enfoque. Se puede discutir sobre la conveniencia de allegar más recursos públicos a la educación superior, pero en ningún caso sería razonable reemplazar el gasto privado. Más bien deben hacerse ajustes como, por ejemplo, apoyar mejor a los estudiantes de menores recursos que acceden a la educación superior.
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Sin perjuicio de esta orientación general, es importante definir criterios para asignar -independientemente de su monto- los recursos públicos que se acuerden. Cabe distinguir al menos tres áreas generales de financiamiento: estudiantes, investigadores e instituciones. Por cierto, estas categorías se combinan en algunos sistemas de educación superior.
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Por ejemplo, se pueden asignar recursos fiscales a un grupo limitado de instituciones públicas de ese nivel para que sean ellas las únicas oferentes de carreras postsecundarias. Éste no es el modelo elegido en Chile, y en el mundo cada vez se toma más distancia del mismo, aunque aún hoy subsiste en numerosos países. Con una lógica más equitativa, los estudiantes deberían ser financiados en función de sus necesidades socioeconómicas, preferentemente con créditos, con independencia de la naturaleza jurídica de la institución a que asistan; a ésta sólo debería exigírsele su acreditación.
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En nuestro sistema este sistema deja aún mucho que desear, pero eso no invalida el principio.
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Los investigadores en Chile son financiados por medio de fondos concursables, en general evaluados por pares, como en otros países. Parece un criterio razonable y -cabe insistir- esta asignación presupuestaria debería desligarse de las características del plantel, y aun debería abrirse a centros de excelencia no universitarios.
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Por ejemplo, se pueden asignar recursos fiscales a un grupo limitado de instituciones públicas de ese nivel para que sean ellas las únicas oferentes de carreras postsecundarias. Éste no es el modelo elegido en Chile, y en el mundo cada vez se toma más distancia del mismo, aunque aún hoy subsiste en numerosos países. Con una lógica más equitativa, los estudiantes deberían ser financiados en función de sus necesidades socioeconómicas, preferentemente con créditos, con independencia de la naturaleza jurídica de la institución a que asistan; a ésta sólo debería exigírsele su acreditación.
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En nuestro sistema este sistema deja aún mucho que desear, pero eso no invalida el principio.
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Los investigadores en Chile son financiados por medio de fondos concursables, en general evaluados por pares, como en otros países. Parece un criterio razonable y -cabe insistir- esta asignación presupuestaria debería desligarse de las características del plantel, y aun debería abrirse a centros de excelencia no universitarios.
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En cambio, el campo para financiar instituciones es más acotado, aunque si se quiere lograr universidades de calidad mundial -lo que probablemente provoca externalidades positivas al país no fáciles de cuantificar-, ese financiamiento no debe descartarse. En tal caso, sería razonable que él estuviese vinculado a convenios de desempeño, para establecer compromisos claros cuyo cumplimiento la ciudadanía pueda conocer y evaluar.
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También sería prudente que tal financiamiento se concentrase sólo en instituciones que tengan la posibilidad de acceder a "las grandes ligas" y que satisfagan criterios de excelencia y apertura a la ciencia; en el caso de Chile, ellas seguramente no son más de ocho.
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También sería razonable definir convenios de desempeño por períodos más breves, que combinen el financiamiento a planteles con el apoyo de equipos específicos de investigación.
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NOTA EDITOR : BUEN MATERIAL PARA DISCUTIR CON LAS CARTAS SOBRE LA MESA.
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LO QUE PARECE OBVIO AL EDITORIALISTA, NO LO ES PARA QUIENES NO ACEPTAN LOS CRITERIOS DE LA ECONOMÍA LIBERAL EN TÉRMINOS ABSOLUTOS.
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En cambio, el campo para financiar instituciones es más acotado, aunque si se quiere lograr universidades de calidad mundial -lo que probablemente provoca externalidades positivas al país no fáciles de cuantificar-, ese financiamiento no debe descartarse. En tal caso, sería razonable que él estuviese vinculado a convenios de desempeño, para establecer compromisos claros cuyo cumplimiento la ciudadanía pueda conocer y evaluar.
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También sería prudente que tal financiamiento se concentrase sólo en instituciones que tengan la posibilidad de acceder a "las grandes ligas" y que satisfagan criterios de excelencia y apertura a la ciencia; en el caso de Chile, ellas seguramente no son más de ocho.
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También sería razonable definir convenios de desempeño por períodos más breves, que combinen el financiamiento a planteles con el apoyo de equipos específicos de investigación.
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NOTA EDITOR : BUEN MATERIAL PARA DISCUTIR CON LAS CARTAS SOBRE LA MESA.
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LO QUE PARECE OBVIO AL EDITORIALISTA, NO LO ES PARA QUIENES NO ACEPTAN LOS CRITERIOS DE LA ECONOMÍA LIBERAL EN TÉRMINOS ABSOLUTOS.
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