DE EL MERCURIO.COM , LUNES 31 DE OCTUBRE
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Rectores de "Ues" desalojadas acusan daños por más de $1.000 millones
.Aseguran que desalojos eran indispensables para iniciar el segundo semestre. Perjuicios económicos y la pérdida de equipos y enseres se suman al daño académico.
.Aseguran que desalojos eran indispensables para iniciar el segundo semestre. Perjuicios económicos y la pérdida de equipos y enseres se suman al daño académico.
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FABIÁN ÁLVAREZ
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Argumentos legales e ideológicos y otros derivados del daño académico para los alumnos, del impacto económico para sus planteles y de la violencia que tomó el movimiento estudiantil esgrimen los rectores de las universidades tradicionales que han pedido el desalojo de sus casas de estudio.
.Hay planteles que por política no permiten las tomas y piden la inmediata intervención de Carabineros cuando éstas ocurren.
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Así ocurre en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Las nueve tomas realizadas allí por los alumnos han terminado con desalojos, aunque una de éstas duró tres semanas, pues la policía "lo meditó por un tiempo más largo", dice el rector Juan Cancino. Las demás, sólo se extendieron por horas.
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La misma postura ha adoptado la U. Técnica Federico Santa María de Valparaíso. El 17, 18 y 19 de octubre, su casa central fue tomada, pero los desalojos ocurrieron en las mismas jornadas, explica el director de Relaciones Estudiantiles, Jorge Burgos.
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Y la U. de Tarapacá también no da tregua a las ocupaciones. "La toma radical se produjo el 14 de septiembre y de inmediato se solicito el auxilio de la fuerza pública. Este auxilio tardó casi un mes", precisa el rector Emilio Rodríguez.
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En otros casos, la decisión de pedir la intervención de Carabineros ha demorado meses. Así sucedió en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en la que sus principales dependencias -entre ellas, la casa central- estuvieron en manos de los alumnos entre el 2 de junio y el 10 de octubre, día en que se produjo el desalojo.
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El rector Claudio Elórtegui explica que tras cuatro meses, la postura inicial de permitir esta ocupación fue cambiando.
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Afirma que "había que recuperar los espacios para asegurar el inicio del segundo semestre"; que se dieron cuenta de que estos recintos fueron usados como refugio de los que participaban en las protestas estudiantiles; que se cometieron delitos, como robo de equipamientos, y serios daños a la infraestructura.
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Lo mismo se vivió en la U. de La Frontera, de Temuco. El cierre del primer semestre y el inicio del segundo eran imperiosos para que los alumnos que reciben ayuda estatal no la perdieran.
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"Para ningún rector es grato llamar a la fuerza pública, porque se entiende que debe primar el diálogo", expresa el máximo directivo de ese plantel, Sergio Bravo.
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En Antofagasta, 135 días duró la ocupación del Campus Angamos de la U. Católica del Norte, donde están la rectoría y 32 carreras. El 21 de octubre, el rector, Misael Camus, se decidió a pedir la intervención de Carabineros.
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Dice que durante todo septiembre se dialogó con los estudiantes para cerrar el semestre, incluso ofreciendo horas protegidas para mantener la movilización. Pero "hubo una intransigencia absoluta", recuerda. Dos hechos lo motivaron a actuar: la intervención de los sistemas informáticos, en rechazo a abrir inscripciones en línea para cerrar el semestre, y los serios enfrentamientos que esa semana ocurrieron afuera del plantel.
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El impacto económico en los planteles también ha sido gravitante. Desde el 16 de junio hasta el jueves pasado se extendió la toma en el Campus San Miguel de la U. Católica del Maule, donde cifran en $3.500 millones el déficit por el no pago de los aranceles.
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Robos y destrozos que dejaron tomas ascienden a $1.000 millones
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Pese a que la U. Católica del Norte registra los mayores daños post toma, $470 millones de pérdida en equipamiento, infraestructura y sistemas informáticos, aún evalúan acciones legales, un paso que ya han dado otras instituciones.
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En la U. Católica de la Santísima Concepción, por ejemplo, presentaron una querella el 30 de septiembre por los daños sufridos y a la que han agregado nuevos antecedentes tras los desalojos posteriores.
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Lo mismo ha hecho la U. Católica de Valparaíso. "En septiembre detectamos que habían daños, y se interpusieron denuncias y querellas", dice el rector Claudio Elórtegui. Son $200 millones de pérdidas "y la federación de estudiantes informó que entregará $8 millones", acota.
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Los alumnos devolvieron a la PDI equipos que según indican "sólo habían guardado".
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"Hubo gente que ocupó salas de clases y se robó equipos de data show . También hay varios destrozos, todo avaluado en $10 millones", afirma el rector de la U. de La Frontera, Sergio Bravo. Y precisa que "como son bienes públicos, se denunció a la fiscalía".
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El mismo monto reporta la U. Católica del Maule, desalojada el jueves último y donde aseguran iniciarán acciones legales.
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"Los daños por destrucción y pérdidas de equipamiento son de millones de pesos", dice el rector de la U. de Tarapacá, Emilio Rodríguez. Pero resalta que "los daños más importantes son por menores ingresos de matrícula, pérdida de proyectos y mayores costos de operación. Sólo como referencia, están en riesgo dos proyectos por $360 millones", asegura.
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